Por María Alejandra Benítez Hurtado *
25 agosto 2023
En los últimos tiempos, bajo el contexto de la lucha feminista en contra de las Violencias Basadas en Género y Discriminación, se ha escuchado y leído con bastante frecuencia la expresión “escrache”.
Y no es para menos: la Corte Constitucional le ha dedicado varias sentencias, y en el Gobierno de Gustavo Petro es uno de los subtemas dentro de la Agenda Estratégica de sus Designados y Designadas ante los Consejos Superiores Universitarios, en el marco de la erradicación de estas violencias en la Educación Superior.
La palabra “escrache” nace en el siglo pasado en los barrios populares argentinos como sinónimo de quebrar, romper y fotografiar a alguien. Luego de emigrar a diversas expresiones artísticas y musicales de la época, se asienta el término dentro de las marchas organizadas por las víctimas del régimen militar: actos atroces como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y las violencias sexuales fueron expuestos. Las manifestaciones eran casa a casa, exhibiendo los rostros de los agresores.
Hoy día el escrache es la respuesta que otorgan a la sociedad las víctimas de violencias basadas en género y discriminación, bien sea de forma anónima, con identificación del escrachador o en la sororidad con los movimientos y colectivas feministas, ante la inoperancia y/o falta de tutela judicial y social efectiva.
Es el grito desesperado de la estudiante acosada por un profesor en la universidad o la queja social de un o una marica a quien discriminan por su condición sexual. Son experiencias personales y colectivas que pueden (y deben, para mí) ser exteriorizadas.
La Corte Constitucional, en un ejercicio dialogante con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de cara a la resolución de tutelas de presuntos agresores que pretendían proteger su derecho al buen nombre, entre otras prerrogativas, por ser escrachados, en el año 2021 profirió las Sentencias T-275, T-289 y T-356 (esta última en la cual fuimos abogados de la víctima).
En estas, la Alta Corte no solo desestimó las pretensiones de los accionantes sino que legitimó a las víctimas a denunciar públicamente a los presuntos agresores y no someterse a la espera de fallos condenatorios o absolutorios. La anterior línea es ratificada por la reciente Sentencia T-241 del 23 en la cual, inclusive, el máximo tribunal insta a la Fiscalía a avanzar en la investigación en contra del escrachado para lograr la justicia procesal que espera la víctima.
En conjunto con la Sentencia T-061 del 2022, la Corte Constitucional estableció reglas para el ejercicio del escrache: evitar enunciar que el presunto victimario ha sido condenado penalmente por los hechos victimizantes, no publicar datos privados del presunto victimario como el número de cédula o dirección de domicilio y/o residencia; y finalmente, la presunta víctima debe usar patrones de lenguaje que generen dudas y que no adelanten suspicacias en la audiencia (1).
En el contexto de las universidades, es legítimo y se encuentra bajo el amparo constitucional el ejercicio de escrachar a docentes y estudiantes presuntamente agresores, por lo que no es procedente ningún disciplinario ni acción penal.
Como corolario, el escrache es un derecho fundamental en Colombia que cuenta con toda la protección normativa, aunque muchos legalistas insistan en que esta postura legítima y constitucional raya el debido proceso; ignoran que el Derecho va dirigido y surge en el seno de la conducta humana; es un proceso cultural, el cual, además de estar en vanguardia con el avance social, se debe tener en cuenta al lado más vulnerable en una relación de poder.
(1) Benítez, M. & Melo, D. (2023). Bases para el establecimiento de ruta integral de atención a violencias basadas en género y discriminación para las instituciones de educación superior en Colombia. Documento maestro. Activistas del Cambio.
* Abogada, magíster en Derecho Administrativo; directora regional para Bolívar del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, y delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena.
Publicado originalmente en Revista Metro de Colombia: https://revistametro.co/2023/08/el-escrache-como-derecho-fundamental-en-colombia/
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